Alejandro Freeland

El gobierno kirchnerista decide, otra vez, no acatar los fallos de la Corte. Es decir, decide quebrar el sistema constitucional. Bueno, eso es un delito. Se llama sedición y, en el caso está calificada. El art. 230 inciso 2 del CPA reprime con hasta 4 años de prisión a… “2. Los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código.” Y está agravado por el art. 235. CPA:  “Los funcionarios públicos que hubieren promovido o ejecutado alguno de los delitos previstos en este Título, sufrirán además inhabilitación especial por un tiempo doble del de la condena.- Los funcionarios que no hubieren resistido una rebelión o sedición por todos los medios a su alcance, sufrirán inhabilitación especial de uno a seis años.- Auméntase al doble el máximo de la pena establecida para los delitos previstos en este

La Corte, en fallo unánime de hoy (esto de la unanimidad en temas importantes es un aspecto a destacar de la presidencia del Juez Rosatti) hizo lugar, parcialmente, a la medida cautelar que pidió la Ciudad en su demanda contra el Estado Nacional que a fines de 2020 le quitó buena parte (casi todos) los fondos que recibe en concepto de coparticipación federal.  El tema es complejo por donde se lo mire. En las 28 páginas del fallo, la Corte repasa los argumentos de la demandante (se viola con esa ley el sistema de coparticipación federal; se priva a la Ciudad de recursos fundamentales para atender necesidades ciudadanas básicas; estos últimos porcentajes fueron producto del acuerdo entre las jurisdicciones luego convalidado por el Congreso) y de la Nación (ese porcentaje del 3.75 y luego del 3.50 era demasiado alto comparado con el 1.4. histórico; resulta injustificable, irrazonable y sólo buscó favorecer a la Ciudad por afinidad político partidaria). Hace una historia de los fondos que

Hoy, con los votos de sus cuatro miembros, la Corte Suprema rechazó la queja por recurso extraordinario denegado que presentó la defensa de Milagro Sala. Había sido condenada por un Tribunal Oral de Jujuy a la pena de 13 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo término, por varios delitos muy graves (asociación ilícita, en calidad de jefe; extorsiones, fraudes a la administración pública, etc.). Recurrió en todas las instancias provinciales y lo intentó con la Corte Federal. Sus numerosos agravios fueron prolija y extensamente rechazados, uno por uno. Acaso la sentencia, de 49 páginas, peque de extensa a juzgar por el contenido y pobreza de los argumentos de queja, claramente insuficientes para convencer a alguno de las alegadas infracciones constitucionales. La mayoría, cuestiones de hecho y prueba, ajenos a este remedio excepcional y oportunamente tratados y rebatidos con solvencia por los Jueces locales. Las cosas se van enderezando, despacio, en Argentina. Y a pesar d