Algo sobre la Corte. Dame lo que es mío.
La Corte, en fallo unánime de hoy (esto de la unanimidad en temas importantes es un aspecto a destacar de la presidencia del Juez Rosatti) hizo lugar, parcialmente, a la medida cautelar que pidió la Ciudad en su demanda contra el Estado Nacional que a fines de 2020 le quitó buena parte (casi todos) los fondos que recibe en concepto de coparticipación federal.
El tema es complejo por donde se lo mire. En las 28 páginas del fallo, la Corte repasa los argumentos de la demandante (se viola con esa ley el sistema de coparticipación federal; se priva a la Ciudad de recursos fundamentales para atender necesidades ciudadanas básicas; estos últimos porcentajes fueron producto del acuerdo entre las jurisdicciones luego convalidado por el Congreso) y de la Nación (ese porcentaje del 3.75 y luego del 3.50 era demasiado alto comparado con el 1.4. histórico; resulta injustificable, irrazonable y sólo buscó favorecer a la Ciudad por afinidad político partidaria). Hace una historia de los fondos que recibe la Ciudad desde el mismo comienzo de su historia hasta ahora y concluye que el régimen de coparticipación de impuestos está caduco, y que todavía esperamos una ley que lo defina y adecue a las previsiones de la Constitución de 1994.
Pero lo cierto es que algo destaca en esa “relación” entre Ciudad y Nación: los montos o porcentajes de la coparticipación siempre fueron producto del consenso, del acuerdo entre las dos partes, convalidado por el Congreso. Y aquí no hubo acuerdo de una de ellas, la demandante. Por eso es que hace lugar a la cautelar, ordena a la Nación que le siga coparticipando con un porcentaje algo menor (2.95%) y que no aplique la ley 27.606 (cuestionada) hasta que resuelva el fondo. Un alivio para la Ciudad, sin duda. Y veremos cómo (y cuándo) termina la cosa.
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