Alejandro Freeland

El proyecto de ley -de sentido y contenido Alberdianos- “Bases y puntos de partida…” remitido por el Ejecutivo al Congreso el 27 de diciembre, contiene varias disposiciones penales. Integran el título IV del Proyecto que se titula “Seguridad y Defensa” (arts. 325 a 344). Lo primero que se propone al Congreso (art. 325) es la derogación de la ley 21.770. Se trata de una ley de de marzo de 1978 que autorizaba a la policía de la Provincia de Buenos Aires “a importar como material secreto de seguridad… materiales y equipos netamente especializados destinados a su equipamiento y funcionamiento”… “sin aranceles” y con conocimiento del gobierno nacional… Era una “ley secreta” (así lo dice el art. 5 de esa ley) de la que, claro, no tenía noticia. Ahora se la encuentra en Infoleg. No sé desde cuando. “Afuera”, se ha dicho… y está bien.  Luego el título muestra dos capítulos. El Capitulo l, “Seguridad interior” y el Capítulo II “Defensa Nacional” (arts. 345 a 347).  Este último capítulo...

El líder de ATE (Asociación de trabajadores del Estado), un Sr. Aguilar, que se define en su perfil de X como “apasionadamente patagónico y rionegrino”, ha denunciado penalmente al presidente Milei y a todos los que participaron en el DNU por “varios delitos”.  ¿Y cuales son los delitos que el ardoroso gremialista cree divisar en esa norma? Pues, nos informa en su tweet, que los de abuso de autoridad, usurpación de autoridad y el de traición a la patria. ¿Cuánto disparate no? Y cuanta desesperación… El DNU, como era previsible, ha despertado ya de su larga siesta a las organizaciones sociales que se tragaron, con gusto y evidente provecho, el expolio kirchnerista. También el clamor de aquellos que de una u otra manera ven peligrar -o directamente desaparecer- sus privilegios y parcelas de poder. Manifestaciones y  piquetes y ya varias demandas de inconstitucionalidad y amparos se levantaron contra esa medida de un gobierno que la gran mayoría de los argentinos votó hace 10 min...